El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) establece los derechos de los consumidores colombianos y las obligaciones de los productores y proveedores. Incluye normas sobre garantías, publicidad, información veraz, seguridad de productos y protección contractual. Su incumplimiento puede derivar en denuncias, investigaciones administrativas de la SIC y multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las investigaciones administrativas de la SIC se inician de oficio o por denuncia de un consumidor. Al recibir la notificación, su empresa tiene un plazo para presentar descargos con pruebas. Es fundamental contar con asesoría legal especializada desde el primer momento, ya que las multas pueden ser significativas. Un sistema de compliance como Consumo 180° permite documentar el cumplimiento normativo previo, lo que constituye un atenuante en el proceso.

Las denuncias se presentan ante la Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC, ya sea de manera presencial, por correo o a través de la plataforma virtual SICFacilita. Se requiere identificación del denunciante, datos del proveedor o productor, descripción de los hechos y pruebas que soporten la reclamación.

La SIC sanciona con mayor frecuencia por: publicidad engañosa, incumplimiento de garantías, falta de información al consumidor, infracciones al régimen de protección de datos personales y actos de competencia desleal. Las multas pueden alcanzar hasta 2.000 SMLMV para personas jurídicas. Un programa de compliance permite prevenir estas sanciones y demostrar diligencia ante la autoridad.